Exige Francisco Fraile que Miguel Barbosa pague 600 mdp a despojados de tierras de Texmelucan

Indicó que esta acción se concretó en 1994 cuando fue gobernador Manuel Bartlett Díaz.

 

Intolerancia Diario
Puebla, Pue.- En su calidad de ciudadano, Francisco Fraile García, quien además es secretario general del Partido Acción Nacional (PAN), pidió que el gobernador Miguel Barbosa Huerta cumpla con lo que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y pague 600 millones de pesos que corresponden a los predios en donde se ubica el tianguis de Texmelucan, los que fueron arrebatados a particulares desde 1994.

En conferencia de prensa, acompañado de ciudadanos, Fraile García explicó que se trata de un despojo que se concretó en 1994 cuando fue gobernador Manuel Bartlett Díaz, quien ahora es titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que los posteriores gobernantes no quisieron asumir.


Explicó que en esa fecha, los terrenos fueron expropiados, pues ante el problema del crecimiento desmedido del comercio las autoridades decidieron ocupar este terreno para ubicar en esta zona el tianguis, que ahora es conocido en todo el país, pues a esta zona viene gente de otros estados a realizar sus compras.

“Fueron ejidos de San Lucas Atoyatenco y actualmente está el tianguis de San Martín Texelucan, estamos hablando desde 1994, recién entrado al gobierno Manuel Bartlett y hay una vinculación total entre la actual `4T´ con una invasión de terrenos donde a los propietarios Los hicieron a un lado. 25 años con respecto al derecho de que se les liquidará a los legítimos dueños los terrenos”, dijo.

Los dueños de estos terrenos tenían una meta, es decir, crear un desarrollo comercial, en donde se ubicaría una central de abasto y una central camionera, al fin una zona comercial, pero con la complacencia de los dueños, aunque acusó que fue el gobierno del expriista Bartlett Díaz quien consumó este despojo.

“El Ayuntamiento de San Martín desalojó a los comerciantes del centro y los mando a estos terrenos, invadiendo los terrenos y perjudicando esto fue el 31 de mayo de 1994, posteriormente los propietarios se ampararon y les dieron distintos números de amparo, como no cumplían se hicieron incidentes de ejecución: el 151-1995 y los amparos 952-1994 y el 121-1994 del juzgado quinto de distrito aquí en Puebla”, detalló.

Fue en el año 200 cuando, la SCJN envió los incidentes al Juzgado Primero de Distrito a fin de que se tramitará un incidente sustituto, en el que juntan todos estos incidentes por tener relación, por lo que la SCJN solicitó que se notificará a los Poderes Ejecutivo y Legislativo.


Solicita audiencia con el gobernador
Fue el pasado martes cuando Francisco Fraile solicitó audiencia con Barbosa Huerta, con el objetivo de solicitarle que dé cumplimiento a este ordenamiento de la SCJN y pague los 600 millones de pesos a los afectados por esta predios, pero no corrió con suerte ya que no alcanzó turno.

En este sentido, Fraile García señaló que “este tema porque mi interés es que se haga justicia, nada más, cuando una autoridad patea el bote hace que las cosas vayan pasando al siguiente gobierno, al siguiente gobierno como lo hizo Bartlett, como lo hizo Melquiades, como lo hizo Mario, Rafael, Tony Gali, pero el actual gobierno tiene que dar respuesta a un acto indebido que por cierto el titular inicial se llamó Manuel Bartlett Díaz que le pasa la pelota y pagar a los que dañaron desde hace 25 años, este es el sentido de la justicia que se tiene que aplicar y dar, no es otra cosa la que estamos pidiendo”, dijo.


SCJN da 10 días para ejecutar sentencia
Fraile García también señaló que el gobierno del estado, que encabeza Miguel Barbosa Huerta, debe dar cumplimiento en un plazo de 10 días, según la documentación que emitió la SCJN, por lo que de no hacerlo se puede aplicar el artículo 107 constitucional que se refiere a la destitución de las autoridades.

Cabe señalar que fue en el gobierno municipal de Rafael Núñez Ramírez, cuando fue solicitado un crédito por cerca de mil millones de pesos al Congreso del Estado para hacer frente a esta deuda; sin embargo, no fue concedido el permiso para que se endeudará, ya que esto generaría un compromiso financiero por varios años, lo que implicaría un daño a las acciones en materia de desarrollo de obras y otros rubros en aquella demarcación.

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