-El Gobierno del Estado solicitará una revisión del caso de Juan Carlos Medel, indicó el mandatario
-Además, precisó que su gobierno acabará con los arrancones
CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Al informar que el Gobierno del Estado solicitará una revisión del caso de Juan Carlos Medel, en el que el presunto responsable fue puesto en libertad, el gobernador Miguel Barbosa Huerta destacó que su administración no permitirá que en Puebla existan diferencias para aplicar la justicia por cuestiones socio-económicas o “influyentismo”.
En videoconferencia de prensa en Casa Aguayo, en compañía de los padres del joven fallecido, José Prisciliano Medel y Rufina Villa, el titular del Ejecutivo precisó que lo anterior, procede de que se han creado todas las condiciones para favorecer al conductor responsable.
En este sentido comentó que, ante las instancias correspondientes, solicitará una revisión sobre el actuar del juez y de los agentes del Ministerio Público que atendieron el caso.
Detalló que las solicitudes serán realizadas por el consejero jurídico, Ricardo Velázquez Cruz; en el caso del juez, al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial local, y en el tema de los agentes del MP, al órgano de control interno de la Fiscalía General del Estado. Asimismo, dijo que será solicitada a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), una revisión para saber si los elementos aplicaron los protocolos correspondientes al momento del hecho.
Barbosa Huerta llamó a cualquier agraviado –como en este caso son los padres de Juan Carlos Medel- que haga valer sus derechos, y que desconfíe de sus abogados si es necesario, pues dijo: “muchos de ellos han convertido a esa noble profesión en el más vil de los oficios, que llegan y crean escenarios de privilegios a través de generosas dádivas”.
Finalmente, adelantó que pronto se terminarán los arrancones y que enviará una iniciativa de ley al Congreso del Estado para agravar la penalidad de los delitos culposos cometidos por conductores en estado de ebriedad, y para establecer la sanción que debe ponerse a las autoridades por no hacer examen de alcoholemia al momento de algún incidente.
