Puebla, Pue.- En conferencia de prensa celebrada ayer, Raúl Valencia, representante legal de la Federación de Comerciantes, Colonos y Campesinos de los Estados de Puebla y Tlaxcala (FCCCEPT), leyó un comunicado en el que denunció la injusta detención y sentencia de su dirigente Manuel Valencia, quien ha estado preso desde principios del 2020. Según Raúl Valencia, los cargos imputados a Manuel Valencia, incluyendo motín y lesiones, son infundados y responden a su activismo en defensa de los derechos de cientos de agremiados a la organización.
En su comunicado dirigido al Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y a la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, la federación exige una revisión exhaustiva del caso de Manuel Valencia. El dirigente fue detenido el 7 de enero de 2020 y sentenciado a 5 años y 1 día de prisión, pese a que, según la federación, cumple con todos los requisitos para obtener la libertad anticipada según el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
El 28 de diciembre de 2023, Manuel Valencia solicitó el beneficio de libertad anticipada, pero la jueza Karla Patricia Ambrosio Vargas, de la zona centro poniente del estado, ha negado dicha solicitud argumentando la falta de condiciones necesarias, pese a que Manuel Valencia ha demostrado una conducta intachable y cumple con los requisitos legales.
«Es relevante mencionar que he actuado conforme marcan las leyes de nuestro país sin poder alcanzar justicia», expresó Valencia en el comunicado. La federación acusa a la jueza de negligencia y de no observar los principios fundamentales de la Constitución, así como de exceder los plazos y términos legales, lo que constituye un abuso de sus funciones y una violación de los derechos humanos de Manuel Valencia.
El comunicado concluye solicitando al gobernador que exhorte a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia a revisar el actuar de la jueza Karla Patricia Ambrosio Vargas y a garantizar que se respeten los derechos humanos de Manuel Valencia, permitiendo así su libertad anticipada.
Texto íntegro del comunicado:
Federación de Comerciantes, Colonos y Campesinos de los Estados de Puebla y Tlaxcala
Al C. Sergio Salomón Céspedes Peregrina, Gobernador Constitucional del Estado de Puebla
A la C. Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla
A los medios de comunicación
A la opinión pública
Garantizar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, dentro de nuestra constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero establece que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.
Presos políticos en Puebla y la ineficiencia de los jueces
El tema que hoy vengo a exponer ante ustedes es solicitarle al Sr. Gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina haga un exhorto a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, para que revise el actuar de la jueza Karla Patricia Ambrosio Vargas, quien funge como jueza de ejecución penal en la zona centro poniente del estado, ya que ha actuado de forma negligente sin observar los principios fundamentales que rigen nuestra constitución.
Desde el día 7 de enero del año 2020 fui detenido por delitos que nunca cometí, como son el motín y lesiones. Fui juzgado y sentenciado injustamente a 5 años y 1 día de prisión. Dentro de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en su artículo 141, se establece el derecho a la libertad anticipada. Este beneficio contempla algunos requisitos para obtenerlo, mismos que cumplo en su totalidad de forma cabal.
El día 28 de diciembre del año 2023 solicité ese beneficio a la jueza Karla Patricia Ambrosio Vargas y hasta el día 15 de marzo del año en curso, manifestó que “no existen las condiciones necesarias para otorgar el beneficio de libertad condicionada”, mientras que yo solicité el beneficio de libertad anticipada. Actualmente tengo 4 años con 5 meses detenido injustamente, puesto que los delitos que me imputaron fueron de forma dolosa y nunca participé en los hechos que me imputaron.
Es relevante mencionar que he actuado conforme marcan las leyes de nuestro país sin poder alcanzar justicia. Actualmente cumplo con cada uno de los requisitos que marca la ley para poder alcanzar el beneficio de libertad anticipada, he tenido una conducta intachable, creo en las leyes de nuestro país, creo en las instituciones que imparten justicia en nuestro estado, pero de forma dolosa e ilógica la jueza Karla Patricia Ambrosio Vargas me ha negado un derecho que me corresponde, argumentando que no existen las condiciones y los requisitos.
Por todo lo anterior, es que alzo la voz para que sean respetados mis derechos humanos y le solicito a usted, Sr. Gobernador, que exhorte a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia para que revise el actuar de dicha jueza, que de forma reiterada atropella mis derechos humanos, ya que me encuentro privado de mi libertad, y sin ninguna justificación legal está cometiendo un abuso en sus funciones. En su actuar, dicha jueza se ha excedido en los términos y plazos que marcan nuestras leyes, no observando las obligaciones que marca la ley orgánica del poder judicial de nuestro estado, como el cumplir con diligencia y probidad.
De igual forma, la jueza deberá guiar su actuación con perspectiva de género, garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia y aplicar políticas, medidas, facilidades y apoyos en favor de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, situaciones que en mi caso la jueza ha pasado por desapercibido. La falta de capacidad cognitiva, la ineptitud e indolencia por parte de la jueza la estoy sufriendo al no poder alcanzar un derecho que la ley me concede. Esa falta de probidad, apatía y dolo las sufrimos muchas personas que nos encontramos privadas de nuestra libertad sin poder alcanzar el respeto y garantía de nuestros derechos humanos.
Tengo la certeza de que estoy detenido por mi activismo en defensa de los derechos de mis compañeros comerciantes, puesto que siempre he defendido el derecho al trabajo de cada uno de mis agremiados. Sr. Gobernador, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, solo pido que sea revisado mi caso y se actúe conforme a derecho y que se aplique la ley conforme a derecho.
Atentamente
José Manuel Valencia Martínez
Finalmente, los comerciantes y agremiados de la FCCCEPT esperan una pronta respuesta de las autoridades y confían en que se hará justicia para Manuel Valencia.
