Tribunal ordena a Gobierno Federal atender con urgencia COVID-19 en anexos


  • Documenta logró mediante un amparo que se ordenaran medidas de atención aplicables a 350 centros de adicciones registrados ante CONADIC.
  • Las personas usuarias de drogas presentan condiciones de salud y vulnerabilidad social que les coloca en mayor riesgo al impacto de nuevo virus.

Ciudad de México.- Un tribunal ordenó a autoridades federales emitir las medidas y acciones sanitarias urgentes para prevenir, evitar y atender el contagio de COVID-19 entre las personas privadas de la libertad de forma involuntaria en 350 establecimientos residenciales de atención a las adicciones de todo el país registrados ante la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC).

Esto, tras un amparo interpuesto por Documenta por el que este 29 de mayo el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito otorgó una suspensión de oficio y de plano.


En dicha suspensión el tribunal ordena al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (en su calidad de presidente del Consejo de Salubridad General), la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, el Consejo de Salubridad General, la Subsecretaría de Salud, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y a la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) cumplir las siguientes medidas:

Garantizar el derecho y acceso a la salud de las personas recluidas; garantizar los suministros básicos de higiene; externar a la población que cuente con redes de apoyo familiar o social; garantizar el contacto con el exterior, emitir una guía de prevención de contagios y un protocolo de atención médica; realizar un manejo ético y seguro del transporte y disposición final de cadáveres; brindar todos los recursos materiales y humanos necesarios para afrontar la epidemia, y garantizar el acceso a la información a las personas usuarias y sus familiares.

No existen cifras oficiales del número de personas recluidas en este tipo de espacios debido a que un gran porcentaje opera con algún tipo de irregularidad. Estos centros -conocidos como anexos- se caracterizan por ofrecer servicios con enfoques, métodos y prácticas violatorias de derechos humanos.


Ante el COVID-19, las personas usuarias de drogas presentan una situación de vulnerabilidad mayor pues presentan una mayor prevalencia de padecimientos crónicos como enfermedades pulmonares, alta incidencia de enfermedades cardiovasculares, inmunosupresión, VIH, hepatitis y cáncer de hígado. Además, se enfrentan a numerosas barreras para acceder al sistema de salud y, si acceden, viven atenciones discriminatorias, inadecuadas e incluso negligentes.

Esto se suma a un histórico estigma y rechazo social, que les señala como personas peligrosas y moral y socialmente inferiores; a su condición de privación de libertad, que les hace quedar a merced de autoridades y personas a su cargo y a la negación sistemática de acceso a derechos, que les somete a situaciones de violencia, discriminación y malos tratos.

Es urgente que el gobierno atienda a las poblaciones privadas de la libertad no sólo en estos centros, sino también en cáceles, centros de internamiento, centros de atención a la salud mental, albergues, hospicios y centros de detención y migración.

Las personas recluidas dependen por completo de la tutela y acciones Estatales, por lo que su vida o muerte en el marco de la crisis sanitaria por COVID-19 dependen en gran medida de cada una de las instituciones a su cargo.

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