Daniel Hernández / @danherc
El problema del transporte público pirata en Puebla no es exclusivo del periférico ecológico, que han extendido sus negocios a ilícitos como el tráfico de personas, hay transporte irregular que va a municipios como Izúcar de Matamoros, Atlixco y Tehuacán que en la Secretaría de Movilidad se hacen que no ven.
Un boleto a la ciudad de Tehuacán cuesta entre 109 y 230 pesos, pero en inmediaciones de la CAPU camionetas ofrecen el viaje en 75 pesos, evidentemente sin la seguridad que ofrece una central camionera.
En la zona de La María, a aparte del transporte que atraviesa el país, este tipo de camionetas también ofrecen sus servicios a municipios como Atlixco, algunos incluso llegan a la Ciudad de México.
Nadie garantiza que el viaje se realice, que las unidades cuenten con un seguro de viajero, que se paguen los impuestos a los que las líneas establecidas están obligadas a pagar, es un buen negocio del que dudo que el secretario Omar Álvarez Arronte no tenga conocimiento.
Permitir su operación abre una puerta a diversos delitos, como el tráfico de personas, traslado ilegal de mercancía o sustancias ilícitas, pero no sabremos que ocurre hasta que un accidente ponga en evidencia los negocios sucios.
El transporte circula por vías estatales, federales, municipales, incluso se anuncian en redes sociales y en la vía pública.
La línea 4 de RUTA esta por empezar y si no se da abasto para la cantidad de usuarios que circulan en la zona, le darán un área de oportunidad a los taxis piratas que supuestamente la Secretaría de Movilidad iba a regular con una aplicación.
No hay día en el que en redes sociales no se difundan fotografías del maltrato a los usuarios del transporte, que los concesionarios determinan cuando si y cuando no aplicaran los descuentos, las pésimas condiciones en las que circulan todos los días.
Por cierto
Los que quieren seguir viviendo del presupuesto son los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública, le cuento que hace unos días por la puerta trasera salió Mario Ayala quien era el director general de coordinación y protección institucional, es decir el encargado de coordinar a los escoltas para servidores públicos.
En su lugar quedó otro no menos desprestigiado, Álvaro Márquez Salazar, recordado porque fue suspendido por hacer detonaciones de arma de fuego en estado de ebriedad y “ayudar” a elementos que estuvieron en la era morenovallista.
A quienes quieren escucharlos, les dice que ya tiene el visto bueno para incorporarse en la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la administración de Pepe Chedraui a la que llegará el desprestigiado Humberto Rivera.
Asegura que ya están apalancados y que ni el desprestigio y las irregularidades de las que se han dado cuenta en este espacio y en otros medios de comunicación serán obstáculos para que continúen viviendo del presupuesto.
Si un gobernante nombra a un servidor público que no conoce y no da los resultados adecuados puede considerarse parte de la curva de aprendizaje y se harán las correcciones, pero contratar a personal a sabiendas de que no han dado resultados es una negligencia.
