Han pasado 4 años de la detención de Dolores y Rosita Marimar, quienes actuaron en legítima defensa contra Tomas N, quien las obligaba a prostituirse en San Matías Tlalancaleca
Dolores vivía en Tabasco y fue contactada por una mujer en Facebook, quien le ofreció trabajo en un local y aceptó. Había veces que no tenía para comer ni para sus cuatro hijos y ella le dijo que le mandaría dinero para llegar a Puebla y trabajar juntas.
Así lo hizo, llegó al municipio de San Matías Tlalancaleca, ahí conoció a Rosita Marimar, una mujer hondureña. Pero todo era mentira, la había enganchado para ser trabajadora sexual.
Tomás N., era quien las explotaba sexualmente a ambas, en una pulquería y en un local frente a la presidencia municipal.
Dolores intentó escapar en dos ocasiones, pidió ayuda a las autoridades municipales, pero la misma policía la retuvo y la devolvió al lugar, además de regresarla a donde era explotada contra su voluntad, la golpearon y la obligaron de nuevo a prostituirse.
Cuando no quería hacerlo, Tomás N., golpeaba a Rosita Marimar, ambas mujeres crearon un lazo, debido a su situación.
El 2 de febrero de 2019, Tomás quería que ellas hicieran una serie de servicios sexuales, las dos se negaron y él intentó ahorcar a Rosita Marimar, por lo que Dolores intervino, tomó un cuchillo y defendió a su compañera.
Las dos salieron a pedir ayuda y cuando las autoridades llegaron, las detuvieron y fueron encarceladas.
Han pasado cuatro años, y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social tomó la defensa de Dolores, ya que es acusada de homicidio calificado, pero la Fiscalía General del Estado (FGE) no indagó con perspectiva de género.
De acuerdo con Karla Micheel Salas, directora de Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y abogada de Dolores, desde su detención ha habido una cadena de complicidades en una entidad donde —dijo— se sabe cómo funciona la trata de personas.
La abogada acusó que no se tomó en cuenta el contexto que vivían ambas mujeres, que las pruebas que va a presentar la Fiscalía General del Estado son videos de la misma presidencia municipal, cuyo personal estaba enterado de la situación de explotación sexual que sufrían.
Por lo anterior, piden que el Tribunal Superior de Justicia las juzguen con perspectiva de género.
En este sentido, Karla Micheel Salas exigió que Dolores sea liberada, ya que se trata de una víctima de trata de personas que actuó en legítima defensa.
Adelantó que una vez que termine el juicio y logren la libertad de Dolores, van a denunciar a los servidores públicos que ayudaron a Tomás N., a retenerla contra su voluntad.