San Matías Tlalancaleca, Puebla – El ayuntamiento encabezado por el alcalde Óscar Anguiano Martínez, ha perdido un juicio por despido injustificado de un policía municipal, lo que lo obliga a indemnizar al elemento afectado y pagarle los salarios caídos. Además, el Cabildo ha sido exhibido por elaborar una normatividad indebida.
A través de un amparo, la justicia federal corrigió las acciones del gobierno del edil panista, quien actualmente se encuentra en campaña para su reelección para el periodo 2024-2027, lo cual sumaría su quinta administración al frente del municipio.
El Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Orales, puso en evidencia los abusos cometidos contra el policía Ricardo S., quien fue despedido mediante un procedimiento administrativo lleno de irregularidades.
Las anomalías se encontraron en dos documentos elaborados por el Cabildo de la actual administración: el Reglamento Interno del Ayuntamiento y el Reglamento del Consejo de Honor y Justicia del Cuerpo de Seguridad Pública y Protección Civil. Estos documentos fueron declarados inconstitucionales y violatorios de los derechos laborales por la jueza Edna Matus Ulloa en la sentencia del Juicio de Amparo 824/2023.
La jueza concluyó que ambos reglamentos se utilizaron de manera dolosa contra el policía, invalidando así el procedimiento administrativo y anulando los reglamentos. Además, ordenó al Cabildo de San Matías Tlalancaleca modificar dicha normatividad para evitar futuras arbitrariedades contra otros trabajadores del ayuntamiento.
Los responsables del abusivo procedimiento administrativo fueron Guillermo Díaz Reyes, regidor de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, así como el Director de Seguridad Pública y Protección Civil.
El ayuntamiento de Anguiano Martínez deberá indemnizar con 150 mil pesos al policía afectado, además de cubrir sus salarios y prestaciones desde el día de su baja hasta el cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, no se ordenó la reinstalación del policía, ya que no está contemplada en la ley. Esta situación deberá ser acordada mutuamente entre el denunciante y el gobierno municipal, aunque en el expediente policial se deberá precisar que el despido fue injustificado, garantizando así su derecho a conseguir otro empleo.
La mejor demanda es cuando metieron a la cárcel a Crisoforo Olarte por desvío de dinero de las obras que realizó en su gobierno, dónde Liz Morales está manchada, ya que ella fue la arquitecta de dichas obras. Esa Liz si que sabe robar