Así se encuentra el Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla

 

Mexicanos Contra la Corrupción
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) pretende coordinar los esfuerzos de los órganos de gobierno dedicados a combatir la corrupción junto con una representación de la sociedad civil organizada. Una pieza clave de este esfuerzo son los 32 sistemas estatales anticorrupción, que deben replicar el funcionamiento del SNA en cada uno de los estados del país.

Para poner en marcha un Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) era necesario reformar la constitución local, crear o modificar un total de siete leyes estatales, nombrar una Comisión de Selección, un Comité de Participación Ciudadana (CPC), un secretario técnico, un fiscal especializado en combate a la corrupción y magistrados de un tribunal de justicia administrativa con nuevas facultades.

El avance de los sistemas anticorrupción en los estados ha sido lento y muchas veces ha enfrentado resistencias o desdén por parte de las autoridades. Tres años después de la aprobación de la Ley que da vida al SNA y aún falta Chiapas por instalar su Sistema Anticorrupción y Nuevo León de completar las modificaciones a su marco legal. Además, a principios de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inválido el marco legal de los sistemas de Baja California y la Ciudad de México, poniendo en entredicho los nombramientos y acciones realizados hasta el momento en esas entidades.


Nuestro objetivo es retomar la discusión con integrantes de la sociedad civil organizada, academia, medios de información y autoridades de las entidades federativas para impulsar un nuevo esfuerzo ciudadano que lleve a la consolidación de los esfuerzos para acabar con la corrupción desde lo local. Este trabajo es responsabilidad de todas.

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que no sólo regula las funciones del Sistema a nivel nacional, sino que sienta las bases del funcionamiento de los sistemas a nivel local, fue publicada 14 meses después de la reforma constitucional en julio de 2016. Durante 2017, 27 de las 32 entidades publicaron la ley de su Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). Sobresalen los casos de Nayarit, Puebla y Chiapas, que aprobaron sus leyes estatales en 2016. Tlaxcala fue la última entidad en publicar una primera versión de la ley de su Sistema Estatal, en abril de 2018.

La entidad federativa que otorgó más recursos fue el Estado de México, con 93.6 mdp, seguido por Jalisco (40.9 mdp), Coahuila (28.3 mdp) y Puebla (27.8 mdp). En contraparte, las entidades con menos recursos asignados fueron Baja California Sur (3.9 mdp), Campeche (4.8 mdp), Colima (5 mdp) y San Luis Potosí (6 mdp).

Durante la revisión de la Ley General del SNA se detectaron dos posibles erratas: el primero es un párrafo que se repite tal cuál en el artículo 16 y 17.
27 legislaciones subsanan estas particularidades. Sin embargo, 5 entidades replican el texto tal cual la ley general: Colima,Durango, Nuevo León, Puebla y Sonora.

De acuerdo a la nota metodológica, del documento: . ofrece una revisión normativa de la confirmación de los sistemas estatales anticurrupción con base en lo dispuesto en la Ley general del Sistema Nacional Antocorrupción.


De acuerdo con el artículo 36 de dicho ordenamiento los sistemas estatales “deberán contar con una integración y atribuciones equivalentes a las que esta Ley otorga al sistema Nacional”; de ahí que durante el análisis, realizaron las siguientes observaciones, al del estado de Puebla.

Se establece la obligatoriedad de las políticas públicas establecidas por el Comité Coordinador del SEA (cfr. LG)

Respecto a las facultades del Comité Coordinador, la fr. II: se refiere a la coordinación «en materia de fiscalización y control de los recursos públicos»; Añade Fr.

III: «Diseño y promoción de políticas integrales en [la] materia […]»; Duplica Fr.

IV y XII: «Determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información […]»;

Para la operación del Comité Coordinador se podrá invitar a sus reuniones a los representantes del SNA.

Dentro de las atribuciones del órgano de gobierno, se le atribuye la expedición de su estatuto orgánico.

No considera la propuesta de mecanismos de coordinación con los Sistemas estatales como parte de las funciones de la Comisión Ejecutiva.

Dentro de los requisitos para el nombramiento del secretario técnico no requiere residencia en la entidad.

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