- Documenta y Aguinaco Abogados reclaman la privación ilegal de la libertad de mujeres con discapacidad internadas en contra de su voluntad en el Hospital Psiquiátrico Adolfo M. Nieto Tepexpan.
- Esta semana la SCJN resolverá si el internamiento involuntario de estas mujeres constituye una privación ilegal de la libertad, de considerarse así se pide su desinstitucionalización.
16 de enero, 2024. El día de mañana, miércoles 17 de enero de 2024, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá un caso en el que se reclama la ilegal privación de la libertad de mujeres con discapacidad internadas en contra de su voluntad en el Hospital Psiquiátrico Adolfo M. Nieto Tepexpan, en el Estado de México.
Esto a raíz de una demanda, presentada por la organización Documenta y Aguinaco Abogados, que busca garantizar el derecho a la libertad de las mujeres con discapacidad que se encuentran internadas sin su consentimiento en dicho hospital. Aunque el internamiento involuntario está prohibido en México a partir de la reforma a la Ley General de Salud del 16 de mayo de 2022, aún existen instituciones hospitalarias en el país que continúan con esa práctica.
Según estándares internacionales, ninguna persona con discapacidad puede ser privada de la libertad por su condición. Sin embargo, en México, ocurren frecuentemente ataques a la libertad personal de estas personas fuera de procedimiento.
Nuestro propósito, explica María Sirvent, Directora Ejecutiva de Documenta, es reclamar la ilegal privación de la libertad de personas con discapacidad en instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.
Andrés Aguinaco Gómez Mont, abogado del caso, afirma que “México tiene una deuda con todas las personas sobrevivientes de los hospitales psiquiátricos. Debemos crear planes de desinstitucionalización e indemnizar a las víctimas.” En ese sentido, Sandra Peniche y Lillian Rabasa, abogadas que también acompañan el caso, sostienen que “el internamiento involuntario de personas con discapacidad refuerza la exclusión e indiferencia hacia esta comunidad” y que “no hay derecho que se vea protegido con la institucionalización involuntaria. Debemos superar cualquier práctica que violenta e invisibiliza a las personas con discapacidad”, respectivamente.
La extendida aceptación que tiene la privación de la libertad de las personas con discapacidad psicosocial en nuestro país encuentra sustento en prejuicios y estereotipos sobre estas condiciones que no hemos logrado erradicar. Como señala Diana Sheinbaum, coordinadora del Programa Discapacidad y Justicia de Documenta: “como sociedad nos parecería aberrante escuchar que una persona fue encarcelada sin tener un juicio justo. Sin embargo, en el caso de las personas con discapacidad, no tenemos problema con privarlas de la libertad así, sin más, sin siquiera tener la posibilidad de defenderse y de hacer valer su voluntad”.
De los datos obtenidos por Documenta a través de solicitudes de información pública sabemos que hay cerca de 1,450 personas internadas en los hospitales psiquiátricos del país, y que al menos 47 de ellas lo han estado por más de 20 años, es fundamental que a todas ellas se les garantice el acceso pleno a sus derechos.
Documenta y Aguinaco Abogados, confía en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se erigirá, una vez más, como defensora de la Constitución y de las personas en situación de vulnerabilidad.
