Las organizaciones que conforman el Observatorio pretenden que estas acciones y recomendaciones fortalezcan los derechos de las personas privadas de su libertad.
Además, piden que se elaboren mesas de trabajo, en donde se les contemple, para la confección e implementación de las Reglas de Operación.
Ciudad de México.- El pasado 27 de agosto, las organizaciones que conforman el Observatorio Contra la Tortura enviaron una carta dirigida al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y al Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, en donde exponen sus preocupaciones relacionadas con el Decreto de Preliberaciones, y además comparten algunas recomendaciones para ayudar en una implementación adecuada.
El decreto, publicado el 25 de agosto de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, establece que personas privadas de su libertad por delitos del fuero federal sin sentencia, víctimas de tortura y adultas mayores en casos particulares podrán acceder a preliberaciones.
Además, este decreto contempla la creación de un Comité permanente y obligatorio encargado de gestionar las solicitudes de preliberación de personas sentenciadas, así como la identificación de casos tanto de personas en prisión preventiva como de aquellas que hayan sido víctimas de tortura.
Si bien el Observatorio reconoce la necesidad y urgencia de crear políticas penitenciarias a favor de las personas privadas de la libertad, de apostar por medidas de sanción penal no privativas de la libertad y de establecer mecanismos y herramientas para la eliminación de las diversas formas de tortura; también ve con preocupación la incertidumbre sobre el procedimiento mediante el cuál se determinarán a las personas integrantes del Comité.
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Por ello, las organizaciones piden que en la integración del Comité se contemple a las organizaciones de la sociedad civil como una parte fundamental en el seguimiento a la implementación del instrumento, considerando que la sociedad civil juega un papel importante en la operación del nuevo paradigma de ejecución penal. Asimismo, el Observatorio expresa su preocupación sobre la incertidumbre en el procedimiento de elaboración de las Reglas de Operación. En tal sentido, solicita a la Secretaría de Gobernación que:
1. En la integración del Comité se incluya a las organizaciones de la sociedad civil firmantes como observadoras del seguimiento, implementación y evaluación del instrumento establecido en el acuerdo de liberación.
2. Se convoque a mesas de trabajo para la confección e implementación de las Reglas de Operación, en las cuales se contemplen estrategias de colaboración y seguimiento con organizaciones firmantes.
El Observatorio Contra la Tortura reconoce este primer esfuerzo, pero considera indispensable que exista transparencia en cada etapa del proceso de designación del Comité, asi como en la implementación del decreto, todo esto con el fin de alcanzar una política efectiva y respetuosa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y sus familias, así como de las víctimas de tortura.
