Aunque las áreas de control, vigilancia o fiscalización detectaron observaciones o anomalías en 117 instituciones de la administración pública estatal en Puebla, durante 2019, en ese mismo periodo, únicamente, 10 servidores públicos fueron sancionados por su responsabilidad en la comisión de faltas administrativas.
Así se desprende del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El año pasado se aplicaron 15 mil 126 auditorías o revisiones a las instituciones de las administraciones públicas estatales en el país, dando como resultado que 4 mil 851 unidades administrativas presentaron observaciones o anomalías.
A nivel nacional, sobresale Sonora con observaciones o anomalías en mil 704 unidades. Mientras que hay 14 entidades que tienen entre una y 100 unidades con observaciones, entre estas se encuentra Oaxaca, Guerrero, Colima, Baja California Sur y Sinaloa.
En el país, 2 mil 288 burócratas fueron sancionados por su responsabilidad en la comisión de faltas administrativas. Sobresalió Estado de México con 772; Oaxaca con 413 y Chiapas con 228 concentraron la mayor cantidad de servidores públicos sancionados.
Puebla destaca a nivel nacional por ser una de las 17 entidades con un plan o programa anticorrupción. El resto está en proceso de hacerlo, no contestó a la petición del INEGI, dijo no saber o no presentó información.
En el territorio poblano, los señalamientos en contra de exautoridades son comunes, pero son poco los que han enfrentado un proceso legal, esto se puede observar en la historia reciente desde el sexenio del priísta, Mario Marín Torres, la administración del panista Rafael Moreno Valle Rosas y de José Antonio Gali Fayad.
Una situación similar ocurre a nivel nacional. La gestión de Andrés Manuel López Obrador acusó corrupción en la gestión del exejecutivo, Enrique Peña Nieto, pero éste sigue libre. A pesar de que algunos de los integrantes de su gestión son, presuntamente, investigados.