La región cuenta con 98 milmillonarios cuya riqueza combinada es de US$480.800 millones, equivalente al PIB de Chile y Ecuador juntos. El 1% más rico de América Latina y el Caribe posee el 43,5% de la riqueza total, mientras que la mitad más pobre solo tiene el 0,8%. Estos datos se desprenden del informe Econonuestra: Es tiempo de una economía para todas y todos de Oxfam.
En el informe se pone de manifiesto la polarización de la riqueza en América Latina y el Caribe, una situación que refleja que esta alta desigualdad económica otorga a un pequeño grupo de ultrarricos la capacidad de influir significativamente en la política, afectando los derechos de las mayorías y deteriorando las democracias. Una persona trabajadora que gana el salario mínimo promedio en Latinoamérica debe trabajar 90 años para ganar lo mismo que gana un milmillonario en un solo día.
Este fenómeno que beneficia a las grandes corporaciones y a los más ricos, perjudica las garantías de empleo y prosperidad y afecta desproporcionadamente a mujeres, jóvenes y comunidades indígenas y afrodescendientes. Además de esta desigualdad económica, la región debe enfrentar otros retos significativos, como la crisis climática y los cambios demográficos, que demandan una inversión financiera considerable.
“La disparidad en la distribución de la riqueza está erosionando los cimientos de nuestras democracias. Un puñado de individuos no debería decidir el destino de la mayoría. Es imperativo reequilibrar nuestra economía para que refleje las voces y necesidades de todas las personas, no solo de unos pocos privilegiados,” afirma Gloria Garcia-Parra, directora regional de Oxfam en América Latina y el Caribe.
La organización hace un llamado a un cambio estructural para reducir las desigualdades económicas y sociales, avanzar en justicia climática y mejorar la autonomía financiera de las mujeres, con el fin de incrementar ingresos y acceso a servicios básicos, y garantizar empleos dignos.
Se proponen cinco reformas tributarias que tienen el potencial de recaudar una suma que representa el 4% del PIB regional. Este monto, estimado en $264.000 millones, se destinaría a combatir la desigualdad y a financiar políticas públicas esenciales. Este es un paso audaz hacia un futuro donde cada individuo tiene la oportunidad de prosperar y donde la justicia económica no es solo un ideal, sino una realidad posible.
América Latina y el Caribe tienen la oportunidad dejar de ser la región más desigual del planeta a través de un pacto fiscal, que tiene el potencial de fortalecer la capacidad de los Estados para abordar desafíos sociales y ambientales, y dirigir la economía hacia un futuro inclusivo y sostenible.
“Este es un momento histórico para la región; con la presidencia de Brasil en el G20, tenemos la plataforma ideal para promover un cambio significativo. La implementación de un pacto regional podría ser la clave para erradicar la pobreza extrema y fortalecer nuestra lucha contra la crisis climática,” comenta Garcia-Parra.
La iniciativa busca aprovechar un momento político clave para asegurar un desarrollo equitativo y la superación de la desigualdad histórica en la región.
