na de las fuentes de ingresos más importantes para el estado de Puebla son las remesas de los connacionales en el extranjero. Hasta septiembre de 2023, se han recibido un total de 2,354.78 millones de dólares por este concepto, según datos del Banco de México (Banxico). Este monto representa un aumento del 17.4% frente al mismo periodo del año pasado, cuando se registró un ingreso de 2,004.36 millones de dólares.
El Estado de Puebla ocupa el noveno lugar en relación a los 32 estados de la República Mexicana con la mayor captación del recurso recibido por los parientes de migrantes. Diez municipios reciben el 55.43% del total, con 1,305.29 millones de dólares. Los cinco principales son Puebla con 422.82, Atlixco 176.61, Tehuacán 174.26, Izúcar de Matamoros 127.01 y San Martín Texmelucan con 84.03 (todos en millones de dólares). La estructura de la distribución porcentual ha pasado del 4.7% en 2022 al 5.0%.
Es importante considerar el impacto que tiene en la economía familiar la apreciación del tipo de cambio. El cheque promedio por familia es de 375 dólares, y al comparar el tipo de cambio vigente el año pasado (19.4647) con el actual (17.27068), el monto recibido sería de 6,476.55, lo que significa una disminución de 822.71 pesos. De acuerdo con el Banco Central, el 99% de las remesas se enviaron a través de medios electrónicos, como transferencias y aplicaciones digitales, mientras que el resto se mandó por giros en efectivo o en especie.
Las remesas siguen siendo un factor importante en la estructura financiera de las familias poblanas, por lo que es de máxima importancia el uso adecuado y productivo de esos recursos financieros recibidos, considerando las restricciones que en materia migratoria están estableciendo los gobiernos estatales norteamericanos, como es el caso de Texas, que aprobó el proyecto de Ley SB4, convirtiendo en delito estatal menor el cruce indocumentado de la frontera y exigiendo a la justicia estatal ordenar el regreso de los extranjeros a suelo mexicano para no procesarlos en Estados Unidos. En el caso de que el extranjero no cumple con la orden del juez o tiene antecedentes criminales, el delito se convierte en grave y conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. Grandes presiones recibirán los inmigrantes, por lo que es de máxima importancia el uso adecuado y productivo de esos recursos financieros recibidos.
