Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea:
Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social A.C. y su Centro de Atención Integral de Familiares con Personas Privadas de la Libertad (CAIFAM) saludan su decisión de realizar una visita al Centro Femenil de Reinserción Social en Santa Martha Acatitla, el cual alberga al 11% de todas las mujeres privadas de la libertad en nuestro país. Su decisión marca un precedente en el respeto al derecho de las mujeres privadas de la libertad a ser oídas y respetadas como sujetas de derecho.
En los más de 10 años de trabajo con mujeres privadas de la libertad, Documenta ha podido identificar la existencia de diversas prácticas generalizadas que constituyen violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. A pesar que las mujeres privadas de la libertad representan el 6% de la población penitenciaria en México, las problemáticas de este sector han sido invisibilizadas y las políticas públicas no han alcanzado para proteger sus necesidades específicas.
Desde la organización consideramos que existen tres temas que por su gravedad han impactado en la calidad de vida de las mujeres privadas de la libertad:
La inexistencia de planes de actividades que permitan a las mujeres una reinserción respetuosa de los derechos humanos. Según datos de la ENPOL 2021, solamente un 47% de las mujeres privadas de la libertad señala tener un plan de actividades, de las cuáles únicamente el 61% menciona que estos planes de actividades son revisados por la autoridad penitenciaria.
La utilización sistemática del aislamiento prolongado como medida disciplinaria y el encierro como modelo de gestión, que ha generado que las mujeres privadas de libertad pasen un promedio de 16 horas al día en su celda sin realizar ninguna actividad y que al menos 20% de ellas pasen entre 22 y 24 horas en encierro total de forma permanente que al menos el 20%: y
La inexistencia de medidas de garantía y protección para garantizar la salud física, mental, así como sexual y reproductiva de las mujeres y sus familias. La gran mayoría de las mujeres privadas de la libertad que viven con una enfermedad no recibe ningún tratamiento. El 94% de las mujeres con hepatitis, el 92% de mujeres con tuberculosis, el 91% de mujeres con COVID-19 y el 72% de mujeres con cáncer no recibe ningún tratamiento. Incluso. de aquellas que lo reciben, solamente el 69% es proporcionado por la autoridad penitenciaria y alrededor del 20% depende de su familia para tener acceso.
Anexo a esta carta usted encontrará mayor información sobre estos hallazgos, así mismo, le invitamos a escuchar los testimonios, documentados por esta organización, de mujeres que han vivido una privación de la libertad, mismos que encontrará más adelante.
Consideramos indispensable la existencia de espacios de diálogo continuo, respetuoso y seguro para las mujeres privadas de la libertad y sus familias, de la mano de la sociedad civil organizada y las instituciones de gobierno encargadas de la vigilancia al cumplimiento y aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Esperamos que su visita se traduzca en acciones concretas y modificaciones reales en el trabajo del Poder Judicial, quedamos a su disposición para coadyuvar en acciones concretas en pro de las personas privadas de la libertad.
Atentamente,
María Sirvent Bravo Ahuja
Directora Ejecutiva de Documenta, A.C.
