Juez Tercero de lo Penal sí otorgó amparo a funcionarios de Texmelucan

Los cerca de 35 funcionarios pagaron como fianza la cantidad de 19 mil pesos cada uno

 

Por Pedro Alonso

San Martín Texmelucan, Pue.- Así como en el primer amparo colectivo algunos regidores no decidieron ratificar el amparo el cual les negaron; en un segundo amparo promovido por el mismo abogado, no acudieron a firmarlo; sin embargo, de acuerdo al número de expediente: 471/2018 ante el Juzgado tercero de distrito hasta el momento tienen el amparo provisional, por lo cual, dieron como fianza 19 mil pesos por cada funcionario.

Cabe señalar que el pasado 24 de mayo, nuevamente, el abogado Hernán De Jesús Martínez Peña, al darse cuenta que el primer amparo estuvo mal fundamentado, luego de que el juez quinto de Distrito le hizo ver que carecía de legitimidad la denuncia, promovieron un segundo amparo colectivo.




Ahora en la solicitud del amparo bajo el número de expediente: 471/2018, con fecha del 24 de mayo, contra actos de 55 autoridades aproximadamente, “consistente en las órdenes de citación para formulación de imputación, búsqueda, localización, presentación, comparecencia o aprehensión y su ejecución”.

Por lo que, se promovió a favor de Adrián Soto Salamanca, Liliana Salazar Vega, Rosalba García García, Miguel Ángel Solís Armenta, Fiacro Luis Torre Blanca Coello, Luis Fernando Astorga González, José Rafael Núñez Ramírez, María De Jesús Quintero Padilla, Emilio Flores Olguín, Olga Margarita López Olvera, Refugio Ramírez Madrid.

Así como Pablo Méndez Anaya, José Mateo Juárez Paredes, Mercedes Figueroa González, Tomás Arturo Tostado Velázquez, Graciela Reyes Islas, Marco Antonio Escobedo Gutiérrez, Emilia Sofía García Díaz, Elia Esther Quintero Padilla, Liliana Leticia Lazcano López, Jessica Ramírez López, Alonso Iñiguez Garibay, Jesús Rivera Cabrera, María Teresa Palafox Luna, Ignacio Galicia Torres, Benjamín García Noé y Lizbeth Juárez Garrido.

Por lo que, el Juez Tercero de lo Penal, pidió la caución la cantidad de diecinueve mil pesos, “cada uno en cualesquiera de las formas establecidas por la ley”; “en atención a la pluralidad de las autoridades responsables que señalan”.




De ahí que, el pasado 29 de mayo, el juez federal, destacó que Oscar Quiroz Castañeda, Carmen Juárez López, Fernando Meneses Morán, Marco Antonio Escobedo Gutiérrez, Leticia Pascua Ruiz y Cecilia Irene Cedillo Botello, no firmaron el amparo presentado.

Y debido a que varias autoridades involucradas por los quejosos, no han respondido al Juez Federal, por lo que al no tener los elementos necesarios “para resolver lo relativo a la suspensión definitiva, con fundamento en el artículo 141 de la Ley de Amparo, se reserva resolver lo procedente a la suspensión definitiva, señalando para tal efecto las nueve horas con quince minutos del once de junio de dos mil dieciocho”.

Finalmente, para el pasado 30 de mayo, presentaron escritos y anexos de cuenta signados por los quejosos Rosalba García García, José Rafael Núñez Ramírez, Ignacio Galicia Torres y, en atención a sus contenidos, téngase a los ocursantes exhibiendo los billetes de depósito N 828883, N 828882 y N 828884, expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI), por las cantidades de diecinueve mil pesos.

Con lo cual, señaló el Juez Tercero de lo penal, que “siga surtiendo sus efectos la suspensión provisional que les fue concedida mediante proveído de veinticuatro de mayo del actual. En consecuencia, toda vez que los referidos billetes de depósito cubren los requisitos señalados, téngase por exhibidos, comuníquese lo anterior a las autoridades responsables”.

Juez Quinto de lo Penal negó amparo a funcionarios de Texmelucan por mentir

Por Pedro Alonso

 

San Martín Texmelucan, Pue.- Juez Quinto Federal Penal, negó al amparo a45 funcionarios municipales, quien lo promovieron tras la detención de miembros del gobierno municipal por parte de la Fiscalía General del Estado; lo anterior luego de que se comprobó de que nunca hubo desaparición forzada, violación a sus derechos humanos o fueran torturados y/o golpeados durante la ejecución de una orden de aprehensión.

De acuerdo al amparo indirecto bajo el número de expediente 466/2018, promovido el pasado  18 de mayo del presente, el abogado Hernán De Jesús Martínez Peña, en nombre de 45 funcionarios municipales de San Martín Texmelucan promovió un amparo en contra del gobernador del estado por el delito desaparición forzada y violación a sus derechos humanos.

En este sentido, los funcionarios que se ampararon Adrián Soto Salamanca, Liliana Salazar Vega, Marco Antonio Avala Cruz, Rosalba García García, Miguel Ángel Solís Armenta, Fiacro Luis Torre Blanca Coello, Luis Fernando Astorga González, José Rafael Núñez Ramírez, María De Jesús Quintero Padilla, Emilio Flores Olguín, Olga Margarita López Olvera, Refugio Ramírez Madrid, Pablo Méndez Anaya, José Mateo Juárez Paredes, Oscar Quiroz Castañeda, Mercedes Figueroa González, Carmen Juárez López, Fernando Meneses Moran, Tomas Arturo Tostado Velázquez, Graciela Reyes Islas, Marco Antonio Escobedo Gutiérrez.

Así como Emilia Sofía García Díaz, Sandra López Olvera, Elia Esther Quintero Padilla, Liliana Leticia Lazcano López, Jessica Ramírez López, Alonso Iñiguez Garibay, Mercedes Figueroa González, Jesús Rivera Cabrera, Leticia Pascua Ruiz, Cecilia Irene Cedillo Botello, Isabel Cristina Valencia Mora, Aurora Herrera Fajardo, Fernando Sánchez Lara, Isabel Rico Flores, Adrián Rodríguez Camacho, Anabel Mena Tome, Jaime Juárez Rojas, María Teresa Palafox Luna, Candelaria De Román Valdez, Omar Santos Mellado, Ignacio Galicia Torres, José Francisco Bonilla Sánchez, Benjamín García Noé, Lizbeth Juárez Garrido.

En este sentido, bajo el argumento de que dicho funcionarios estaban “imposibilitados para hacerlo personalmente”, utilizaron los servicios del abogado Hernán De Jesús Martínez Peña, quien argumentó que se “reclama los posibles actos de peligro de privación de la vida; ataques a la libertad personal fuera del procedimiento; y desaparición forzada contra los quejosos directos, mismos que atribuyen al Gobernador Constitucional del Estado de Puebla y otras autoridades”.

Así mismo, el Juez Federal, al tomar en consideración que se reclamó la desaparición forzada de personas sin que hasta esa  fecha se haya logrado localizar, se ordenó que actuarios se presentarán en la presidencia municipal de San Martín Texmelucan.

En este sentido, los actuarios acudieron a la presidencia municipal el pasado jueves 24 de mayo, en el que, los fedatarios fueron atendidos por José Rafael Núñez Ramírez y María de Jesús Quintero Padilla, Presidente y Síndico Municipal del citado Ayuntamiento, respectivamente.

Por lo que, en dicha visita de los actuarios los quejosos manifestaron “que no fueron incomunicados ni privados de su libertad el 18 de mayo de 2018, y que si ratifican la demanda de amparo promovida en su nombre”.

Ante tales hechos, el Juez del Juzgado Quinto Penal, señaló que “se evidencia que quien promovió la demanda carecía de la legitimación exigida en la ley para instar la acción de amparo en nombre de otro. Además de que se reclamó “los posibles actos de peligro de privación de la vida; ataques a la libertad personal fuera del procedimiento; y desaparición forzada contra los quejosos directos”.

Por lo que, se les negó el amparo a favor de los 45 funcionarios del ayuntamiento de San Martín Texmelucan, a pesar de que manifestaron “que ratificaban la demanda promovida en su nombre por Hernán de Jesús Martínez Peña”.

Sin embargo, cabe señalar que el 24 de mayo, no se presentaron ante los fedatarios, el Juez Calificador, Regidor de Hacienda Pública Municipal, Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Juez Calificador Segundo Turno, Director de Desarrollo Urbano, Regidor y Jefa de Adquisiciones, se les requiera para que manifiesten si se encuentran incomunicados, si fueron privados de su libertad, si fueron sometidos bajo golpes y tortura

Por lo que no presentarse serían acreedores a una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Abogado de funcionarios de Texmelucan buscarán amparo por filtración de vídeos a Televisa

Por Daniel Hernández

Puebla, Pue.- El director de gobernación, Marco Antonio Cruz Ávila y la directora del C2, Sandra López Olvera servidores públicos de San Martín texmelucan fueron vinculados a proceso por el juez de control por delitos contra la administración y procuración de justicia y conspiración; sin embargo, los defensores adelantaron que presentarán un amparo contra la decisión, además de que presentarán una queja ante la Comisión de Derechos Humanos debido a la filtración de videos a medios nacionales que violaron el debido proceso de los imputados.

En la audiencia de más de 13 horas, los defensores de los imputados presentaron sus argumentos ante el juez de control Aarón Hernández Chino quien tras su decisión otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.

El equipo de abogados de la titular del C2 Sandra López Olvera señaló que la acusación no tenía sustento ya que su defendida no ocultó información a la Fiscalía General del estado sobre el asesinato y desmembramiento de tres personas cuyos cuerpos fueron abandonados en calles de San Martín Texmelucan.

Explicó que López Olvera se le envió una oficio en el que le solicitó información: bitácora de llamadas de auxilio recibidas por los servicios de emergencia de San Martín Texmelucan, las puestas a disposición del juez calificador o ministerio público subalterno, el rol de personas que laboraron el 18 de abril y los registros de las cámaras de seguridad de las inmediaciones de la comandancia del 19 de abril entre las 16 y las 19 horas.

En voz del defensor Samuel León la funcionaria público señaló que López Olvera envio información parcial debido a que tomó como criterios de fechas y horas basado en el último punto de la solicitud ya que en los primeros tres incisos no se solicita un margen de tiempo determinado.

Explicó que su clienta se limitó a entregar esa información debido a que así se lo exige la Ley de Transparencia.

Y señaló que en un oficio posterior la Fiscalía General del estado solicitó la misma información delimitando fechas y horarios de la información y en esa ocasión se entregó en su totalidad.

Sin embargo, la información de ese oficio fue descalificada de la audiencia, pues aunque la defensa aseguró que le entregó al ministerio público la información, este desconoció el hecho y al no haber una firma de por medio que comprobará la entrega la prueba fue desechada.

Incluso señaló que los videos que fueron difundidos en medios de comunicación nacional en los que se ve a las personas arrojando los cuerpos y que presuntamente fueron encontrados en cateo; sin embargo la defensa señaló que esa información ya había sido entregada.

Además de que la difusión de los videos representa una violación al principio de presunción de inocencia de los imputados por lo que el codefensor Armando Juárez Bribiesca anunció que la decisión del juez será impugnada y se presentará una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos así como a órganos internacionales.

El juzgador señaló que la titular de C2 estaba obligada a entregar la información completa porque cualquier ciudadano tiene la obligación de denunciar un delito, más si se desempeña en corporaciones de seguridad.

Además de que las restricciones de la Ley de Transparencia tienen como excepción la investigación de un delito, además de que la solicitud de información no fue de un particular, sino de una colaboración entre instituciones, además de que se trataba de un hecho penal grave.

En el caso de Marco Antonio Ávila Cruz, el ministerio público señaló que en su carácter de director de gobernación ordenó que a tres imputados señalados por la colocación de una narcomanta se les acusara de una falta administrativa y tras el pago de 89 pesos fueron puestos en libertad.

El ministerio público señaló que un elemento de la Policía Municipal testificó que el servidor público estaba en el lugar dando la orden a la que incluso la juez calificador trató de negarse señalando que la conducta de los imputados estaba relacionada con un delito.

El defensor señaló negó que el funcionario hubiera dado a la orden y que aunque así hubiera sido la colocación de mantas no está tipificado como un delito, además de que desde su área de trabajo no estaba relacionado con el juez calificador.

Y aunque trató  de desvirtuar la versión de el testigo  el juez de control determinó a verlo por válido por lo cual se decretó la auto de vinculación a proceso.