Hubo irregularidades en Seguridad Pública de Texmelucan con Rafa Núñez: ASF

Regresó el dinero de pagos a “policías” que no estaban dentro del tabulador de salarios

Pedro Alonso

De acuerdo a las observaciones emitidas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), durante los años 2016 y 2017 el gobierno municipal no se estaban ejerciendo correctamente los recursos destinados a Seguridad Pública, incluso en el 2017 el municipio tuvo que regresar el dinero de 25 pagos de salarios debido a que excedían al tabulador autorizado.




Cabe señalar que entre las observaciones de la ASF, en la cuenta pública 2016 destacó que “el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, no dispone de un programa de Seguridad Pública que oriente sus acciones en esta materia”. Asimismo, destaca que su modelo policial no está alineado de acuerdo con el aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP).

De acuerdo con los indicadores aprobados por el Consejo Nacional el municipio debe de cubrir por lo menos estado de fuerza, evaluación de permanencia y programa de depuración policial, Certificado Único Policial, actualización en el Sistema de Justicia Penal, mejora de las condiciones laborales para el fortalecimiento del desarrollo policial y protocolos básicos para la función policial, entre otros.




Sin embargo, todo parece indicar que el gobierno municipal encabezado en ese momento por Rafael Núñez Ramírez, hizo caso omiso a dichas observaciones, pues la auditoria a la cuenta Pública 2017, nuevamente volvió a tratar el tema.

Según la ASF, el municipio de San Martín Texmelucan “ejerció recursos del FORTAMUNDF 2017 por 851.3 miles de pesos para el pago de la nómina de 19 elementos operativos de Seguridad Pública, de los cuales no se acreditó la relación laboral con el municipio, ni se proporcionó la Clave Única de Identificación Policial (CUIP) y su inscripción al Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública”.

Sin embargo, el Ayuntamiento tras esta observación, presentó la documentación que acreditó que los 19 policías municipales sí estaban en regla y tenían su inscripción al Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública mediante su CUIP.

Otro tema que observó la ASF es que: “adicionalmente, se efectuaron 25 pagos que exceden el importe señalado en el tabulador de puestos autorizado de acuerdo con la categoría designada con un monto total de 36.1 miles de pesos”, por lo que el municipio tuvo que reintegrar la “aplicación de los 36.1 miles de pesos observados, más los intereses generados por 0.9 miles de pesos, por lo que se atiende lo observado”.




Por su parte la Contraloría Municipal inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. CM-UI-015/2018, por lo que se da como promovida esta acción.

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