Alerta de género, obliga al Estado a implementar medidas para hacer frente al feminicidio

· En varios estados de la República, como Chiapas y Estado de México, se decretó la Alerta de Género y la violencia feminicida ha seguido en aumento: Mtra. Rosario Arrambide.

· La impunidad frente a la violencia contra mujeres manda el mensaje al agresor de que ésta es tolerada por el Estado y que puede repetirla: Arrambide González.

· Del 21 de marzo al 21 de abril en Puebla han sido asesinadas 12 mujeres, lo que ubicó a la entidad como la séptima más violenta del país: Presidencia de la República.





Puebla, Pue.- Ante este escenario la Secretaría de Gobernación Federal, decretó la Alerta de Violencia de Género en 50 municipios del estado, mecanismo que incluye una serie de acciones, de carácter urgente, para enfrentar y erradicar el feminicidio en el territorio, así como garantizar la protección de los derechos de las mujeres.

Para hablar del tema, la Mtra. Rosario Arrambide González, responsable de Orientación Jurídica y Psicosocial del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana Puebla, afirmó en entrevista que tal decreto y las medidas que se adopten no serán suficientes ni modificarán la situación, si no se plantean indicadores para monitorear los avances, el cumplimiento y la evaluación de las acciones propuestas.

En esta conversación, la académica de la Maestría en Derechos Humanos de la IBERO Puebla profundiza en el tema del feminicidio y la reciente emisión de la Alerta de Violencia de Género en Puebla.

¿Cuál es la importancia de declarar la Alerta de Violencia de Género en Puebla?

-Primero, reconocer que existe un fenómeno sistemático de violencia feminicida, pero también reconocer que las medidas que ha determinado el Estado, a través de las instancias de atención, prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres, no han sido efectivas, tan es así que esta ha aumentado. Otro elemento importantísimo es que se tengan que activar medidas emergentes, de carácter urgente, para erradicar la violencia contra las mujeres. Decretar la Alerta de Género es declarar un estado de emergencia frente a la violencia hacia las mujeres, por lo que implica que se adopten el máximo de las medidas disponibles para hacer frente a la violencia.




¿Cuáles son los pasos que debe seguir el gobierno, una vez declarada la alerta?

-Lo primero que tendría que hacer es revisar las recomendaciones y medidas específicas que se hicieron con anterioridad, en los dos informes previos; no perder de vista estas recomendaciones porque muchas se cumplieron parcialmente y se han ido olvidando, entonces hay que retomar las medidas que no han sido cumplidas en su cabalidad. Hay que proveer de recursos económicos, personales y materiales, ya que son una de las grandes carencias que hemos observado en el seguimiento de la alerta.

Se supone que ya existe un diagnóstico sobre la situación de violencia contra las mujeres, los tipos y modalidades más frecuentes de violencia en Puebla que no han hecho público y que deben hacer público. Es un diagnóstico importante para impulsar una política pública y estrategias para hacer frente a cada uno de los tipos y modalidades, en el ámbito escolar, institucional, etcétera.

¿La sociedad civil, cómo debe actuar?

-Hay que estar fiscalizando la actuación de las autoridades, que son las encargadas de adoptar medidas de prevención, investigación y de sanción. Si no existe una adecuada fiscalización, van a seguir casos que no están siendo atendidos adecuadamente, que no se están emitiendo órdenes de protección y a las mujeres se les está colocando en situación de riesgo. Entonces, hay que fiscalizar la actuación y buscar que se sancionen a los servidores responsables de no actuar con la debida diligencia en la investigación y sanción de la violencia, entre muchísimas medidas en materia de prevención y procuración de justicia.

También es muy importante la capacitación no solo a servidores públicos, sino a la sociedad en general; en la medida en que no se dé una capacitación que tienda a concientizar sobre la deconstrucción de los roles de género, asumidos entre hombres y mujeres, que colocan a estas en posición de inferioridad, no se va poder hacer frente a la violencia contra las mujeres, porque la violencia no es más que una manifestación de relaciones desiguales de poder, basada en estos roles estereotipados de género.




¿Los feminicidios son un fenómeno actual o siempre han existido y hoy hay una agudización o mayor visibilidad de estos?

-Siempre ha existido. Antes se conocían como homicidios dolosos, cuando había un dolo en el asesinato de una mujer. Tan es así que Marcela Lagarde buscó acuñar el término en México porque era una situación que se comenzó a observar en Ciudad Juárez, pero no solamente se daba ahí, entonces retoma el término de femicide para hacer visible el asesinato de mujeres por razones de odio o de género y acuña el termino feminicidio para visibilizar la impunidad social y estatal.

También me parece que actualmente puede ser más visible porque hay mayor presencia de las organizaciones y de la sociedad civil denunciando la falta de investigación de los feminicidios, y porque ahora se sabe que se puede denunciar, exigir que se investigue como feminicidio, que se reconozcan las causales de género.

Una realidad que hemos corroborado en el Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto, es que el feminicidio ha ido en aumento sistemático: cuando en el 2010 hablábamos de 30 probables feminicidios, en el 2017 cerramos con 106 aproximadamente. Esto nos habla de la falta de medidas adoptadas por el Estado para hacer frente a la violencia en todas sus formas, así como la impunidad en el tema del acceso a la justicia.

¿En su opinión, cuáles son las principales causas del feminicidio?

-Lo dice Alda Facio, Marcela Lagarde: vivimos en un sistema patriarcal y androcéntrico que es creado por y para los hombres y por lo que los hombres creen que requieren las mujeres. Este sistema está sustentado en las relaciones desiguales de poder y estas se expresan a través de la violencia contra las mujeres. Una de las causas son los estereotipos de género, la forma en la que somos educados desde la infancia, en la familia y la escuela, en la que se nos asocian distintos roles estereotipados de género, que unos tienen mayores significados social y público que otros y esto coloca a las mujeres en una situación de inferioridad y subordinación con relación a los hombres. Esto obviamente ha ido cambiando, pero no en su totalidad.

Por otro lado, la impunidad estatal, la impunidad social frente a la violencia contra las mujeres: que no se haga nada, que no se denuncie y cuando las mujeres denuncian no son atendidas adecuadamente, no se les emiten órdenes de protección, se les manda a conciliación cuando eso está prohibido, se les desalienta para que denuncien y esto obviamente genera desconfianza en las autoridades, pero además manda un mensaje al agresor: no pasa nada, la violencia es tolerable por el Estado y puede seguir repitiéndola.

Como lo vemos en los violentómetros que tenemos en la universidad, la violencia siempre irá en ascenso, agravándose, si no se adoptan medidas de prevención y de protección, se agrava llegando hasta su máxima expresión que es la violencia feminicida.




¿Cuáles serían las dificultades que existen en términos de acceso a la justicia, para los casos de feminicidios?

-Las dificultades que hemos documentado son, por un lado, que las autoridades no quieren recibir denuncias de las mujeres, no puedo generalizar, pero tenemos varios casos documentados, donde a las mujeres no les quiere recibir la denuncia. Hace una semana tuvimos el caso de una mujer a la que no se la recibieron, porque habían pasado tres meses del último suceso de violencia y eso no está en la ley, la violencia no prescribe en ese término.

Después, cuando van a denunciar las desalientan con testimonios como ¿y quién va a cuidar a tus hijos? ¿Quién te va a dar dinero? Obviamente esto desalienta.

Por otro lado, la dilación que hay en el marco del acceso a la justicia para la obtención de todas las pruebas en la carpeta de investigación.

Otro tema importante es que no hay una proporcionalidad en la emisión de órdenes de protección. Toda denuncia de violencia contra la mujer tiene que ir acompañada de una orden de protección; una mujer que denuncia es porqué piensa que su vida, su seguridad, está en riesgo, y es obligación de la autoridad darle una orden de protección. Pero tenemos que de 21 mil 705 denuncias que hay de violencia familiar hacia las mujeres, de 2010 a 2016, la Fiscalía emitió 485 órdenes de protección, es decir solo el 2.2 por ciento, eso lo tenemos en una solicitud de acceso a la información pública, entonces no hay protección, las mujeres quedan en un estado de indefensión frente al agravamiento de la violencia y más cuando acaban de denunciar. Y otro tema es que no haya sanciones adecuadas y proporcionales hacia el agresor, que obviamente fomenta la repetición de estos hechos, esto en el ámbito de la justicia.




Ma. del Rosario Arrambide González es Maestra en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y en Derecho Penal Internacional por la Universidad de Granada, España. Asimismo, ha cursado diplomados en Defensa Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Zaragoza, España; Protección Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres, por la Universidad Austral; y El derecho a la no discriminación a través de la legislación, las políticas públicas, la defensa y la educación en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

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