Abogado de funcionarios de Texmelucan buscarán amparo por filtración de vídeos a Televisa

Por Daniel Hernández

Puebla, Pue.- El director de gobernación, Marco Antonio Cruz Ávila y la directora del C2, Sandra López Olvera servidores públicos de San Martín texmelucan fueron vinculados a proceso por el juez de control por delitos contra la administración y procuración de justicia y conspiración; sin embargo, los defensores adelantaron que presentarán un amparo contra la decisión, además de que presentarán una queja ante la Comisión de Derechos Humanos debido a la filtración de videos a medios nacionales que violaron el debido proceso de los imputados.

En la audiencia de más de 13 horas, los defensores de los imputados presentaron sus argumentos ante el juez de control Aarón Hernández Chino quien tras su decisión otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.

El equipo de abogados de la titular del C2 Sandra López Olvera señaló que la acusación no tenía sustento ya que su defendida no ocultó información a la Fiscalía General del estado sobre el asesinato y desmembramiento de tres personas cuyos cuerpos fueron abandonados en calles de San Martín Texmelucan.

Explicó que López Olvera se le envió una oficio en el que le solicitó información: bitácora de llamadas de auxilio recibidas por los servicios de emergencia de San Martín Texmelucan, las puestas a disposición del juez calificador o ministerio público subalterno, el rol de personas que laboraron el 18 de abril y los registros de las cámaras de seguridad de las inmediaciones de la comandancia del 19 de abril entre las 16 y las 19 horas.

En voz del defensor Samuel León la funcionaria público señaló que López Olvera envio información parcial debido a que tomó como criterios de fechas y horas basado en el último punto de la solicitud ya que en los primeros tres incisos no se solicita un margen de tiempo determinado.

Explicó que su clienta se limitó a entregar esa información debido a que así se lo exige la Ley de Transparencia.

Y señaló que en un oficio posterior la Fiscalía General del estado solicitó la misma información delimitando fechas y horarios de la información y en esa ocasión se entregó en su totalidad.

Sin embargo, la información de ese oficio fue descalificada de la audiencia, pues aunque la defensa aseguró que le entregó al ministerio público la información, este desconoció el hecho y al no haber una firma de por medio que comprobará la entrega la prueba fue desechada.

Incluso señaló que los videos que fueron difundidos en medios de comunicación nacional en los que se ve a las personas arrojando los cuerpos y que presuntamente fueron encontrados en cateo; sin embargo la defensa señaló que esa información ya había sido entregada.

Además de que la difusión de los videos representa una violación al principio de presunción de inocencia de los imputados por lo que el codefensor Armando Juárez Bribiesca anunció que la decisión del juez será impugnada y se presentará una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos así como a órganos internacionales.

El juzgador señaló que la titular de C2 estaba obligada a entregar la información completa porque cualquier ciudadano tiene la obligación de denunciar un delito, más si se desempeña en corporaciones de seguridad.

Además de que las restricciones de la Ley de Transparencia tienen como excepción la investigación de un delito, además de que la solicitud de información no fue de un particular, sino de una colaboración entre instituciones, además de que se trataba de un hecho penal grave.

En el caso de Marco Antonio Ávila Cruz, el ministerio público señaló que en su carácter de director de gobernación ordenó que a tres imputados señalados por la colocación de una narcomanta se les acusara de una falta administrativa y tras el pago de 89 pesos fueron puestos en libertad.

El ministerio público señaló que un elemento de la Policía Municipal testificó que el servidor público estaba en el lugar dando la orden a la que incluso la juez calificador trató de negarse señalando que la conducta de los imputados estaba relacionada con un delito.

El defensor señaló negó que el funcionario hubiera dado a la orden y que aunque así hubiera sido la colocación de mantas no está tipificado como un delito, además de que desde su área de trabajo no estaba relacionado con el juez calificador.

Y aunque trató  de desvirtuar la versión de el testigo  el juez de control determinó a verlo por válido por lo cual se decretó la auto de vinculación a proceso.

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Autor: Administrador

Periodismo regional, el cual ha mantenido independencia por mas de 10 años en la región de San Martín Texmelucan

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